Proteger, vender y conservar: tres trámites con tres propósitos
Los tres trámites que caben bajo la palabra «registrar» sirven para cosas que no se solapan, y por eso ninguno sustituye a los otros. La inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual acredita quién es el titular de los derechos, y es la que la gente tiene en mente al preguntar. El ISBN identifica la edición ante librerías y distribuidores, así que sirve para vender, no para proteger. Y el depósito legal no mira al autor en absoluto: existe para que el Estado conserve un ejemplar de lo que se publica en España.
La confusión tiene una causa visible: los tres números acaban impresos en la misma página de créditos, uno debajo de otro, con el mismo aire de trámite cumplido. De los tres, el ISBN dejó de ser obligatorio en 2009, la inscripción nunca lo fue y el depósito legal sí lo es.
La inscripción es voluntaria porque el derecho ya existe antes de pedirla
El artículo 1 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual establece que la propiedad intelectual de una obra corresponde al autor por el solo hecho de su creación, y el 145.1 dice que los derechos «podrán ser objeto de inscripción». Podrán, no deberán: cuando la ley llega al Registro, el derecho que se inscribiría ya está entero. El Ministerio de Cultura lo contesta con esa misma palabra en sus preguntas frecuentes —la inscripción es voluntaria, porque la obra se protege por el solo hecho de crearse—.
Lo que el asiento añade es prueba. El artículo 145.3 presume, salvo prueba en contrario, que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular, y ésa es la razón práctica por la que alguien registra. Sin registrar tampoco se está desnudo: el artículo 6 presume autor, también salvo prueba en contrario, a quien figura como tal en la obra, así que un libro publicado con tu nombre en la cubierta ya lleva una presunción incorporada. La versión larga de esta pregunta está en si el registro de la propiedad intelectual es obligatorio.
El caso límite: quién queda obligado cuando no hay editorial detrás
La Ley 23/2011 obliga a solicitar el número de depósito legal a los editores de una obra publicada en formato tangible, y en una autopublicación no hay más editor que el autor. Ahí está el matiz que se pierde cuando se repite que «el depósito legal lo hace la editorial»: es cierto en la edición tradicional y falso en cuanto no hay editorial de por medio. La ley prevé además un orden de suplencia —productor, impresor, estampador o grabador— si el editor obligado no lo pide, pero eso no traslada la obligación, sólo evita que la publicación se quede sin número.
Dos precisiones que cambian el resultado. Los libros de impresión bajo demanda están expresamente dentro del ámbito del depósito legal, así que tirar un ejemplar cada vez que se vende no exime de nada. Y no cumplirlo tiene consecuencias tasadas: distribuir ejemplares sin número es infracción leve, con multa de 1.000 a 2.000 euros, y pagarla no libra de depositar. El detalle del régimen está en si el depósito legal es obligatorio.
Qué hacer
Solicita el número de depósito legal si tu libro va a salir en papel, porque es el único de los tres trámites que una norma te impone y porque hacerlo tarde obliga a reimprimir la página de créditos; cómo se pide y qué se entrega está en depósito legal. El ISBN pídelo por interés comercial, no por obligación: sin él una librería no tiene por dónde encargar el libro, porque los canales del sector se organizan alrededor de ese número.
Y decide la inscripción por lo que aporta, que es prueba. Registra si el texto va a circular inédito, si hay coautores o si la autoría puede discutirse; ahórratelo si el libro sale firmado y no hay nada en disputa. El trámite paso a paso está en cómo registro los derechos de mi libro, las alternativas para fechar un original en cómo demuestro que un texto es mío, y qué derechos tienes y cuáles cedes en derechos de autor. El recorrido completo, en cómo publicar un libro.